A PROPOSITO DEL ING. FRANCISCO WHITE

Junto al dolor por el secuestro de un productor ganadero, el Ing. Francisco White, de General Villegas -Provincia de Buenos Aires- queremos hacer unas reflexiones:

Hace muchos años se presentaron distintos proyectos para buscar aumentar las penas para los delitos ocurridos en descampados o en establecimientos rurales.
Cuando fuí diputado nacional, en el año 2003 aprobamos con media sanción de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que hicimos en conjunto con el diputado Guillermo Alchouron que aumentaba la pena en un 1/3 cuando el délito ocurría en establecimientos rurales. Ello porque la razón jurídica invocada, la llamada "indefensión de la víctima", se tiene en cuenta en nuestro Código Penal para otros hechos similares.
Luego el Senado -la Comisión de Legislación Penal- lo mandó a archivo al no tratarlo por más de dos años.

Posteriormente la diputada Maria del Carmen Alarcón lo volvió a presentar en el año 2005 pero no fué tenido en cuenta nuevamente durantes estos años.
Donde si se legisló y aumentó las penas, y se tomaron recaudos fue en délitos como el abigeato, robo de hacienda, cuestión que acompañamos y apoyamos. Pero desde entonces también planteamos que no sólo importa el bien físico, la propiedad o el dinero de los productores, sino su salud física y espiritual. No sólo de ellos sino de todas aquellas personas ligadas al establecimiento rural o a la cadena productiva: camioneros, peones rurales, transportistas, etc.

Ha habido gran cantidad de casos estos años de secuestros, asesinatos, robos y utilización de violencia a miembros de la cadena productiva que no salen o no aparecen en los grandes medios de comunicación. Además de aumentar la cantidad de délitos cometidos frente a la falsedad de las cifras oficiales, es notorio, en especial el aumento de la violencia en la comisión de los mismos.
Pero lo más indignante además de la falsedad de los hechos actuales, es la falta de patrullas rurales, de infraestructura, de comunicación, a veces incluso hasta de combustible, de personal y de equipamiento, profesionalidad y miembros de la fuerza de seguridad en la Provincia de Buenos Aires; con los recursos que en materia impositiva la cadena agroindustrial y agroalimentaria envía al Estado Nacional y Provincial en materia de retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos, y todo el mosaico de impuestos superpuestos, lo mínimo que demandan nuestro productores es que vuelvan en una parte, por lo menos, cumpliendo una de las obligaciones del Estado como la seguridad.

Dr. Miguel Saredi
-Directo al Grano-